
Polémica por salida dominical de Patricio Maturana reabre debate sobre derechos humanos y justicia en Chile
Santiago, 30 de enero de 2026 — La decisión de otorgar un beneficio de salida dominical a Patricio Maturana Ojeda, el excarabinero condenado por provocar la ceguera de la actual senadora Fabiola Campillai durante las protestas sociales de 2019, ha generado un fuerte debate público y político en el país.
Maturana, sentenciado en 2022 a 12 años y 183 días de cárcel por apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas tras lanzar una bomba lacrimógena que impactó en el rostro de Campillai, logró que el Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina aprobara su solicitud de salida dominical como beneficio intrapenitenciario. Según Gendarmería, el interno cumplió los requisitos de conducta y tiempo en cumplimiento de condena para optar al permiso, cuya implementación comenzaría en marzo.
La medida —que permite a un recluso salir de la cárcel durante los domingos bajo ciertas condiciones— fue comunicada oficialmente por la institución penitenciaria, la que explicó que el órgano técnico encargado evaluó las solicitudes de la población penal que cumplía con las exigencias legales para acceder al beneficio.
Sin embargo, la aprobación de este beneficio ha levantado una ola de rechazo, encabezada por la propia senadora Fabiola Campillai. La parlamentaria independiente calificó la decisión como “inaceptable”, argumentando que Maturana “en ningún momento ha mostrado arrepentimiento ni empatía” por el daño irreversible que le causó y que el beneficio le genera “dolor y angustia” como víctima directa del ataque.
Campillai fue más allá en sus críticas: cuestionó el rol del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, aludiendo a un viaje que realizó al penal donde está recluido Maturana pocos días después de reunirse con el presidente electo José Antonio Kast, quien ha expresado su intención de apoyar medidas que puedan favorecer la situación del excarabinero. Para la senadora, esto podría indicar una injerencia política en el proceso, algo que —aseguró— sería de “la más absoluta gravedad”.
Además, Campillai exigió la renuncia del director de Gendarmería y pidió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que solicite todos los antecedentes relacionados con el caso, advirtiendo que la salida dominical podría abrir la puerta a futuros beneficios y, eventualmente, a la libertad condicional del condenado.
La controversia se da en un contexto en el que la sociedad chilena sigue evaluando las consecuencias judiciales y políticas del estallido social de 2019, así como el tratamiento de casos de violaciones a los derechos humanos. La reacción de la senadora pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la reparación a las víctimas, la independencia de los procesos penales y la transparencia en la administración de beneficios carcelarios.
