Poduje responde a querella por demolición en El Olivar y lanza dura acusación contra constructora: “Son unos sinvergüenzas”
Una nueva controversia sacude el proceso de reconstrucción de El Olivar, en Viña del Mar. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, respondió con dureza a la querella criminal presentada en su contra por la empresa Social Arquitectura (SARQ), que lo acusa de abuso de poder, falsificación de documentos y fraude al Fisco en el marco de la demolición de viviendas destinadas a familias afectadas por el megaincendio de 2024.
La acción judicial fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar e incluye además al seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, y al director subrogante del Serviu regional, Rodrigo Muñoz. Los querellantes sostienen que las autoridades habrían utilizado resoluciones administrativas sin fundamento legal para excluir a las empresas involucradas en la reconstrucción y justificar la demolición de viviendas ya construidas.
Sin embargo, el ministro rechazó categóricamente las acusaciones y defendió la decisión de paralizar y demoler las casas cuestionadas. Según explicó, las viviendas construidas por la Constructora San Sebastián presentaban graves deficiencias técnicas, incluyendo incumplimientos en normas de resistencia al fuego y problemas estructurales detectados durante las fiscalizaciones.
La respuesta de Poduje fue particularmente dura. “A las familias les vamos a entregar casas sólidas”, afirmó, agregando que la constructora involucrada vulneró normas fundamentales en un proyecto de reconstrucción posterior a un incendio. En ese contexto, calificó a los responsables como “unos sinvergüenzas”.
El titular del Minvu aseguró además que el propio ministerio mantiene acciones judiciales contra la Constructora San Sebastián por presuntos delitos relacionados con fraude al Fisco, estafa y negociación incompatible. Asimismo, señaló que existen sumarios administrativos contra inspectores fiscales que habrían incumplido sus funciones de supervisión.
La disputa judicial se desarrolla mientras continúa el proceso de demolición de viviendas en El Olivar, una decisión que ha generado amplio debate entre autoridades, empresas constructoras y familias damnificadas. Mientras la empresa querellante sostiene que las viviendas podían ser reparadas, el Gobierno insiste en que la única alternativa responsable es reemplazarlas completamente para garantizar la seguridad de sus futuros habitantes.
La investigación ahora quedará en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si existieron irregularidades en las decisiones adoptadas durante uno de los procesos de reconstrucción más complejos tras el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso.
