La inseguridad vuelve a golpear con fuerza a la Región Metropolitana. Un hombre chileno falleció durante las últimas horas tras ingresar con un impacto de bala en el tórax al Hospital Padre Hurtado, en un nuevo hecho de violencia armada que mantiene bajo investigación al Equipo ECOH de la Fiscalía y a Carabineros.
El caso reabre una herida que el gobierno del presidente José Antonio Kast prometió cerrar durante toda su campaña: la delincuencia desatada y el avance del crimen organizado en Chile.
Mientras fiscales y policías realizan diligencias para identificar a los autores del ataque, la sensación de descontrol vuelve a instalarse entre los ciudadanos. Balaceras, homicidios, encerronas y secuestros ya forman parte cotidiana de la agenda nacional, incluso en sectores donde antes este tipo de hechos parecían excepcionales.
La situación se vuelve especialmente incómoda para La Moneda porque la seguridad fue el gran estandarte político de Kast para llegar al poder. El mandatario construyó gran parte de su discurso presidencial prometiendo “mano dura”, control territorial y una ofensiva frontal contra el crimen organizado. Sin embargo, a poco más de dos meses de iniciado el gobierno, las cifras, los hechos policiales y el ambiente social muestran otra realidad.
La crisis ha sido tan evidente que el propio gobierno ya realizó un cambio de gabinete exprés, sacando a la ministra de Seguridad Trinidad Steinert apenas 69 días después de asumir. Su reemplazo, Martín Arrau, llegó en medio de fuertes cuestionamientos por no tener experiencia directa en seguridad pública.
La presión sobre el Ejecutivo crece también por las encuestas y por el evidente desgaste de una promesa que hoy muchos consideran incumplida. Diversos análisis publicados esta semana apuntan a una caída en la confianza ciudadana respecto de la capacidad del gobierno para enfrentar la delincuencia.
El nuevo homicidio ocurrido en torno al Hospital Padre Hurtado no aparece como un hecho aislado. En los últimos meses se han repetido múltiples episodios similares en el mismo recinto asistencial y en comunas del sector sur de Santiago, reflejando un fenómeno que expertos ya describen como normalización de la violencia armada.
Y mientras el gobierno insiste en hablar de “guerra contra la delincuencia”, la ciudadanía comienza a preguntarse algo mucho más incómodo: si quienes llegaron prometiendo devolver la seguridad realmente estaban preparados para hacerlo.
