Kast propone un nuevo estado de excepción para amenazas graves a la seguridad pública con fuertes restricciones
El Gobierno envía al Senado ocho reformas constitucionales en el marco de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), con un amplio respaldo de la ciudadanía a las medidas
La Administración de José Antonio Kast ingresó este lunes al Senado ocho reformas a la Constitución, en paralelo a los 30 proyectos de ley que son parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que el mandatario anunció el pasado 5 de agosto en una cadena nacional. Entre las propuestas hay un nuevo estado de excepción constitucional mucho más restrictivo que las cuatro figuras que existen hoy, y que se invocará “en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada”. La moción señala que lo declarará “el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”, y que no podrá extenderse por más de 120 días, aunque el jefe de Estado puede prorrogarlo por igual período y que, para sucesivas ampliaciones, el presidente requerirá “siempre del acuerdo del Congreso Nacional”.
Este nuevo estado de excepción, además, establece que el mandatario “podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión” y, además, “restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes”. En la propuesta solo se señala que un oficial general quedará al mando de la zona, pero no detalla si será de las ramas de las Fuerzas Armadas o de Carabineros.
En el programa Tolerancia Cero, de CNN, el ministro de Seguridad de Kast, Martín Arrau, fue consultado la noche de este lunes por qué el Gobierno considera necesario que exista un nuevo estado de excepción constitucional con determinaciones tan restrictivas. Dijo que la medida está pensada para “intervenciones profundas, temporales y con rendición de cuentas” para ciertas zonas “donde operan grupos terroristas o el crimen organizado que son de difícil penetración”. Y agregó que estima que se necesitan “facultades extraordinarias para restringir la movilidad, poner toques de queda y saber qué comunicaciones, o cuando uno hace este anuncio, bajar las comunicaciones de ese tipo de grupos. Estamos pensando en polígonos bastante más acotados, dependiendo de lo que sea, y de otros más amplios”.
Otra de las reformas propuestas es incorporar a la seguridad pública como un mandato constitucional, una idea que ha generado dudas no solo en la oposición, sino que también en abogados constitucionalistas de distintos sectores. Esto, porque el concepto ya forma parte del artículo primero de la Carta Fundamental chilena.
Además el Ejecutivo ha propuesto la creación de un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo. Arrau explicó en CNN que crear este listado permite perseguirlas de manera más eficaz tal como “lo han hecho otros países del mundo”. “Lo que estamos haciendo tampoco es 100% creatividad nuestra; es un poco el camino de lo que ha hecho Italia o Estados Unidos”, explicó.
El ministro señaló que la Fiscalía chilena “cuando procesa a una persona del Tren de Aragua, por ejemplo, no solamente debe demostrar que esa persona pertenece” a esa megabanda criminal, sino que “también que esa organización existe. Y con esto lo que hacemos es demostrar la existencia de esa organización de crimen organizado”, por lo que se crea “el delito de pertenencia”.
