Soberanía en pausa: Chile no puede expulsar migrantes porque Venezuela simplemente no los acepta
El Gobierno enfrenta una de sus principales contradicciones en materia migratoria: miles de expulsiones decretadas que, en la práctica, no se pueden ejecutar. La razón no está solo dentro del país, sino fuera de sus fronteras.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, ha reconocido que Chile no puede expulsar migrantes —especialmente venezolanos— si su país de origen no autoriza el ingreso. Y hoy, ese es precisamente el punto crítico.
Actualmente, más del 60% de las órdenes de expulsión en Chile corresponden a ciudadanos venezolanos, pero no pueden concretarse debido a la falta de relaciones consulares con Venezuela. Sin coordinación diplomática, el proceso queda en un limbo: no se pueden emitir documentos de viaje, no se autorizan vuelos de retorno y, en la práctica, no existe forma legal de ejecutar la expulsión.
El propio Sauerbaum ha admitido que la situación depende directamente de la relación con Venezuela, dejando en evidencia que la política migratoria chilena no se resuelve únicamente a nivel interno.
El escenario es aún más complejo. Cerca de 37 mil expulsiones ya están decretadas y más de 100 mil casos siguen en trámite administrativo. Sin embargo, tener una orden no garantiza su cumplimiento. Sin país receptor, la expulsión queda reducida a un documento.
En paralelo, el Gobierno ha logrado concretar vuelos de deportación hacia países como Colombia, Ecuador y Bolivia, donde sí existen acuerdos. Pero el caso venezolano continúa siendo el principal cuello de botella.
Ante este escenario, las alternativas del Ejecutivo son limitadas: salidas voluntarias o vuelos humanitarios previamente coordinados. De hecho, una parte importante de los migrantes venezolanos ha abandonado el país por decisión propia en los últimos meses.
El problema deja al descubierto una tensión de fondo: Chile puede dictar expulsiones, pero no puede garantizarlas. Y en medio del discurso de control migratorio, la realidad impone un límite incómodo: la soberanía, en este caso, se ejerce solo hasta donde otro país lo permite.
Porque mientras Venezuela no reciba a sus ciudadanos, las expulsiones seguirán siendo, más que una política efectiva, una promesa difícil de cumplir.
