Golpe al gobierno de Kast: Futura subsecretaria tuvo triple contrato con el Estado y deuda por licencias médicas de 4 años
Si bien le quedan aún cinco días para asumir, el republicano José Antonio Kast sigue sumando problemas y ahora se conoció que su futura subsecretaria de Telecomunicaciones, denunciada por haber tenido tres contratos con empresas públicas al mismo tiempo.
Una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República (CGR) el 24 de febrero pasado, generó controversia en torno a Romina Garrido, futura subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) del gobierno de José Antonio Kast.
La acusación, revelada por Ciper Chile, cuestiona posibles irregularidades en su trayectoria profesional, incluyendo la mantención de contratos simultáneos en tres entidades públicas entre 2017 y 2022, lo que habría implicado jornadas laborales de hasta 17 horas diarias, una deuda fiscal por licencias médicas no reintegradas durante cuatro años y un potencial conflicto de interés relacionado con su rol en la tramitación de la Ley de Protección de Datos Personales mientras dirigía una consultora privada en el mismo ámbito.
Golpe al gobierno de Kast
La denuncia solicita que la CGR investigue si Garrido incurrió en faltas administrativas durante su paso por el sector público. Según los documentos adjuntos, la abogada experta en protección de datos y derecho informático mantuvo tres contratos a honorarios de manera simultánea:
Subsecretaría de Salud Pública: Desde enero de 2017 hasta diciembre de 2021, donde asesoraba en temas legales relacionados con tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), con remuneraciones mensuales que oscilaron entre $1,8 millones y $2 millones.
Subsecretaría de Transportes: Desde mayo de 2018 hasta diciembre de 2022, apoyando en la tramitación de proyectos de ley y regulaciones del sector, con sueldos que partieron en $2 millones y llegaron a $2,6 millones.
Subsecretaría de Telecomunicaciones: Entre mayo y octubre de 2019, enfocada en normas vinculadas a la Televisión Digital, percibiendo $450 mil mensuales.
El cruce de estos contratos revela una superposición en diciembre de 2019, lo que, según la denuncia, habría requerido una “improbable jornada de 17 horas diarias” para cumplir con todas las obligaciones.
El medio que mostró la denuncia intentó verificar las horas exactas de cada contrato, pero las subsecretarías consultadas no proporcionaron respuestas inmediatas.
